ANPE defiende que la evaluación debe ser un instrumento para valorar el rendimiento educativo y debe ir siempre acompañado de un compromiso de mejora para alcanzar los objetivos educativos

  

La entrada en vigor de la LOMCE supone la aplicación de un nuevo sistema de evaluaciones, pruebas externas, censales y estandarizadas. ANPE no se opone a la decisión de incorporar al sistema educativo este tipo de evaluaciones que han de ser estructuradas y coordinadas por el Ministerio para que resulten efectivas a la hora de diseñar programas y políticas específicas. Pero la valoración de las competencias, destrezas y habilidades del alumno y  la evaluación de su aprendizaje deben traducirse en refuerzos y apoyos positivos para el alumnado, que le ayuden a alcanzar sus objetivos.

Conviene ante este borrador hacer una serie de consideraciones:

• Para ANPE estas evaluaciones externas sólo tendrán sentido si responden a un instrumento para el diagnóstico del progreso en el aprendizaje, a la homologación de contenidos y a la aplicación de programas de recuperación y van precedidas de un refuerzo previo de la evaluación continua e interna. Medidas, que debido a los recortes en educación han afectado a la disminución de las plantillas de los centros docentes, a la supresión de programas y al aumento de la ratio profesor-alumno, entre otras, son difíciles de llevar a cabo, si no se revierte previamente esta situación.
• Las pruebas serán aplicadas y calificadas por profesorado externo al centro. Ante esta medida, ANPE defiende que las evaluaciones deben ser realizadas por funcionarios docentes para garantizar la objetividad, la independencia y la eficacia y así evitar la intervención de empresas privadas que pueden dejarse guiar por  criterios mercantilistas o responder a otro tipo de intereses que no sean los meramente educativos.
• ANPE propone que el sistema de evaluación externo sirva para que cada centro educativo valore su situación actual y futura, de modo que la comparación no sea con otro centro, sino consigo mismo, permitiendo desarrollar un plan de mejora de resultados a corto, medio y largo plazo y no se dirijan a establecer un sistema de clasificación de centros que nos llevaría a una carrera anual para supeditar  el aprendizaje a los resultados de la pruebas a los rankings de los centros.
• Uno de los temas más controvertidos del reciente borrador es el diseño de la prueba final de Bachillerato que los alumnos tendrán que aprobar para obtener el título, que incluye 350 preguntas tipo test con cuatro respuestas a elegir. Para ANPE, el diseño de estas pruebas es insuficiente para evaluar la adquisición de determinadas competencias: destrezas y habilidades como la expresión oral y escrita, la resolución de problemas y valorar la capacidad de síntesis, entre otras. Dicha prueba está muy alejada de evaluar la madurez del alumno en su proceso de aprendizaje.

En definitiva, ANPE  defiende que la evaluación debe ser un instrumento para valorar el rendimiento educativo y debe ir siempre acompañado de un compromiso de mejora para alcanzar los objetivos educativos. Este compromiso sería más efectivo si se hubiera alcanzado un consenso educativo en la LOMCE, con la participación del profesorado, que es quien tiene que poner en marcha y aplicar las reformas.

Frente a la actitud de los que se oponen sistemáticamente a cualquier propuesta de cambio sin hacer ninguna contrapropuesta de mejora, en ANPE  no nos resignamos a agotar todas las vías de diálogo y negociación para contribuir a la mejora permanente de la educación. Por eso hemos reiterado la necesidad de conseguir un pacto educativo de mínimos que siente las bases para dotar de estabilidad al sistema, al margen de los cambios de gobierno, y contribuya, en definitiva, a mejorar la calidad de la educación en España y la situación de su profesorado.

Madrid, 21 de abril de 2015