En ANPE Castilla y León, los datos presentados la semana pasada por el Consejero de Educación Fernando Rey, sobre convivencia escolar, nos generan una preocupación considerable.
Los casos de acoso e intimidación entre iguales, en los centros educativos de Castilla y León, han pasado de 20 en el curso 2013/2014 a 31 en el curso 2014/2015 y el número total de incidencias de convivencia aumentan en 873 casos, pasando de 22570 a 23443. En relación a las incidencias directas entre el alumnado y el profesorado es una satisfacción comprobar que el número de casos de acoso y violencia han descendido. Sin embargo, 617 profesores agredidos verbal y/o físicamente sigue siendo una cifra inaceptable.
ANPE lleva denunciando más de una década las dificultades de convivencia por las que están pasando los profesores de nuestra comunidad autónoma. Es necesario destacar que las situaciones de acoso y violencia sobre el docente, que atiende el servicio El Defensor del Profesor de ANPE, no proceden solo de los alumnos. Agresiones, insultos, injurias, vejaciones y amenazas, por parte de familiares de alumnos, son demasiado frecuentes en las entradas y salidas de clase, así como a través de las redes sociales. Estos hechos son constitutivos de delitos desde que la Ley de autoridad del profesorado se aprobara en el año 2014 y sin embargo, el informe anual que elabora la Consejería de Educación no refleja está realidad tan inquietante, haciendo solo referencia a los alumnos como posibles generadores de violencia y obviando la procedente de otros colectivos.
A nivel nacional el Presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha referido estos días al acoso escolar al prometiendo un plan de erradicación del mismo, la puesta en marcha a partir del próximo curso de un teléfono gratuito de atención a las víctimas y la publicación de protocolos de convivencia escolar, guías para los padres y manuales de apoyo. Todas estas medidas han sido anunciadas ya por el ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo.
Del mismo modo entendemos que la Consejería de Educación de Castilla y León debe actuar con rapidez, diligencia y eficacia puesto que la administración tiene la obligación de proteger y ayudar a sus trabajadores ante las situaciones de acoso y violencia que se viven en los centros.
ANPE Castilla y León exige a la Administración:
- Trabajar intensamente para que los centros docentes sean lugares seguros para profesorado y alumnado, donde se puede realizar la tarea educativa sin riesgos físicos ni psicológicos.
- Conocer los datos reales de las agresiones que se producen sobre los docentes, ya sean de padres u otros familiares, así como las situaciones de acoso procedentes de otros compañeros de profesión y desde la administración educativa.
- La diligencia en la aplicación de la normativa establecida, especialmente la aplicación del artículo 10 de La Ley de autoridad del profesorado de Castilla y León en el que se establece que la dirección del centro docente comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal y a la Dirección Provincial de Educación correspondiente, cualquier incidencia relativa a la convivencia escolar que pudiera ser constitutiva de delito o falta, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares oportunas.
- Establecer un protocolo de convivencia escolar con la necesaria dotación económica. Los alumnos y los profesores necesitan conocer y dominar los recursos más adecuados para hacer frente a estas situaciones
- Ofrecer asistencia psicológica gratuita, tanto para los docentes agredidos, como para los agresores. Las secuelas psicológicas de las personas que sufren este tipo de situaciones son, en la mayoría de los casos, más graves que las físicas.
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