Rey pide implicación para combatir la «verdad incómoda» del acoso escolar

El Observatorio de Castilla yLeón en el área de convivencia escolar analizar los catorce casos de la última estadística

Los casos confirmados de acoso escolar en los centros educativos de Castilla y León han pasado de ocho entre septiembre y enero del curso pasado a los catorce en ese mismo periodo de este año. Un incremento que casi duplica las cifras y que el consejero de Educación, Fernando Rey, achacó ayer a la existencia de «cifras negras e invisibles» puesto que hay muchos casos que la comunidad educativa no detecta. «Nos incomoda reconocer que haya más casos, pero es un criterio de oportunidad porque queremos saber la realidad para adoptar medidas más incisivas y estamos convencidos que hay más acoso que lo que verdaderamente se denuncia», aseveró el consejero tras presidir la reunión del Observatorio de Castilla y León, en la sección de convivencia escolar.

El encuentro sirvió para que los asistentes conocieran los últimos datos correspondientes al curso 2014-2015 cuando se detectaron 227 casos de posible acoso (‘bullying’), de los que 31 fueron confirmados y comunicados.

De este total, nueve correspondieron a centros de la provincia de Valladolid, seguido de los ocho de Salamanca y los cinco de Burgos. En cambio, solo hubo un caso en León, Palencia y Soria y ninguno en Ávila. En lo que va de curso, hubo 144 casos denunciados de los que, finalmente, 14 fueron probados, informa Ical.

Rey abogó por «cambiar la mentalidad» de la Administración que no puede «minimizar» los datos del acoso escolar, al igual que ocurrió hace años con los episodios de la violencia de género y era habitual oír comentarios de que ‘los trapos sucios se lavan en casa’. En ese sentido, se mostró partidario de conocer para próximos cursos la tipología de los casos para poder actuar mejor.

El actual informe no desagrega los datos por género, tipo de violencia –homofóbica, transfóbica, xenofobia, timidez extrema y apariencia física–, diferencias entre el medio urbano y rural o entre centros públicos y concertados.

También lamentó que algunos centros tiendan a minimizar este tipo de conductas por temor a perder prestigio, más aún en un momento en que buscan captar al mayor número de alumnos. Eso sí, destacó que la tónica es que los claustros actúen con rapidez al detectar casos de ‘bullying’ y adoptar medidas de prevención porque cada episodio importa al tener un «efecto trágico» en la víctima. Sentenció que la Administración «no puede bajar la guardia».

Incidencias con el profesor

El documento no solo recoge el acoso e intimidación entre alumnos sino también las incidencias en la relación directa entre el alumnado y el profesorado que el curso anterior ascendieron a 617 frente a las 752 del 2013-2014. Aquí están incluidas las agresiones verbales y/o físicas así como las conductas intolerables.

Tampoco aquí hay datos sobre los casos protagonizados entre docentes y padres de estudiantes, aunque el secretario de la sección de Convivencia Escolar de la Consejería, José Ignacio Recio, apuntó que este tipo de agresiones había descendido este curso. Una situación que, a su juicio, puede estar relacionada con la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado que busca fomentar la consideración y el respeto que merecen los docentes.

El mayor número de incidencias del alumnado en casos de ‘bullying’ se produce en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por lo que la consejería considera necesaria una mayor intervención en esta etapa. En concreto, casi cinco de cada diez alumnos con incidencias se escolarizan en 1º y 2º de ESO. Incluso, esa horquilla se amplía desde 5º de Primaria a 2º de Secundaria. La Junta solo ha detectado uno o dos casos de «extrema gravedad» que requirió la ayuda jurídica que estuvieron relacionados por una agresión violenta más que por el acoso.

Fernando Rey recordó que los 227 casos de acoso investigados solo suponen el 0,08 por ciento en relación a la población escolar en la comunidad que ronda los 350.000 alumnos. «Los padres pueden estar tranquilos porque las escuelas y los institutos de la región son seguros», aseveró. En parte, por el sistema de prevención y protección que funciona en Castilla y León, con la creación de la figura del coordinador de convivencia, y que es pionero en España.

El director general de Política Educativa Escolar, Ángel Miguel Vega, hizo hincapié en el paquete de medidas que incluyen 24 actuaciones dirigidas a mejorar la convivencia como el Plan antiacoso y para el fomento del buen trato entre el alumnado.

Todo gracias al programa denominado ‘PAR’ (Parar el acoso, Ayudar a la víctima y Reeducar al agresor) que será específico contra el acoso y la intimidación entre iguales.

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